Normativa en Legionella
Debido a que los casos de legionelosis aparecen frecuentemente en brotes del ámbito comunitario, turístico y nosocomial, esta enfermedad se considera un problema de salud pública, por lo que su prevención y control está altamente legislado.
A continuación se nombra la reglamentación aplicable en relación al control y prevención de la legionelosis. En este post hablaremos de aquella legislación y normativa que aplica en mayor o menor medida, a los laboratorios que realizan análisis para la detección y recuento de Legionella.
Legislación aplicable a la Legionella
La comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en relación al control y prevención de la legionelosis, desarrolló en 1999 los criterios técnicos que deberían seguir las administraciones, tanto a nivel nacional como autonómica, para considerar aceptables las instalaciones hídricas (torres de refrigeración, condensadores evaporativos, piscinas, etc.). Estos criterios quedaron expuestos en el RD 909/2001 del 27 de julio en el cual se indicaban las medidas higiénicas necesarias para el control y prevención de la legionelosis.
El Real Decreto 865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los criterios higiénicos‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, incluye los avances en los conocimientos científico-técnicos y la experiencia acumulada con la anterior legislación y deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto, y en particular el RD 909/2001. Esta regulación tiene en consideración aquellos factores que promueven la proliferación de la legionelosis, incluyendo los procedimientos más adecuados para garantizar la ausencia de brotes de forma sencilla y efectiva.
En este Real Decreto se clasifican las instalaciones implicadas en casos o brotes de la enfermedad en función de su probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. También solicita la notificación de las actividades de dichas instalaciones para conocer su ubicación en los estudios epidemiológicos de los casos y en las inspecciones ambientales.
En la elaboración de la legislación participaron los sectores y organismos implicados en salud pública, expertos y técnicos con experiencia en el control de la legionelosis, y las Comunidades Autónomas. Estas últimas también han desarrollado legislación específica teniendo presente sus peculiaridades y experiencias previas.
A continuación detallamos la normativa relacionada con Legionella y su ámbito territorial en:
Ámbito Territorial - Europa:
- Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 1999 relativa al sistema de alerta precoz y respuesta para la vigilancia y control de las enfermedades transmisibles en aplicación de la Decisión n o 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.(2000/57/CE)
- Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 1999 relativa a las enfermedades transmisibles que deben quedar progresivamente comprendidas en la red comunitaria,en aplicación de la Decisión n o 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (2000/96/CE)
Ámbito Territorial - Nacional (España):
- RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higienico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
- Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.
- Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico- sanitario de las instalaciones objeto del RD 909/2001, de 27 de junio.
- RD 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
- RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
- RD 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
- Nuevo Real Decreto RD 487/2022, que entrará en vigor el próximo 02/01/2023
Por supuesto, existen particularidades según cada comunidad y país.
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